Ante los recientes atentados contra la población civil ocurridos entre el 25 y el 27 de abril, atribuidos a disidencias de las FARC en distintas regiones del país —como los hechos en la vía Panamericana, que dejaron 20 muertos y decenas de heridos; el ataque a un autobús en el departamento del Cauca, con siete víctimas mortales y 17 heridos; la masacre en Cajibío, Cauca, con 19 muertos y más de 48 heridos; y los hechos en Palmira, Valle del Cauca, que cobraron la vida de 21 personas—, Colombia vuelve a enfrentarse a una dolorosa escalada de violencia.
En los últimos años, el país ha experimentado un aumento de ataques contra la población civil, especialmente en regiones históricamente golpeadas por el conflicto como Cauca, Valle del Cauca y Antioquia. Estos territorios, estratégicos para el narcotráfico, se han convertido en escenarios donde la violencia busca sembrar miedo, generar caos e impactar la estabilidad social y política, con graves consecuencias para el desarrollo económico y la inversión.
Este recrudecimiento se ha intensificado tras el fortalecimiento de grupos armados disidentes surgidos después del proceso de paz entre 2016 y 2017. No es un fenómeno aislado: en la historia del conflicto armado colombiano, que supera las seis décadas, ha sido recurrente el aumento de la violencia en períodos previos a elecciones legislativas y presidenciales, marcados por tensiones políticas entre diversos actores. Estas dinámicas afectan gravemente el ejercicio democrático, debilitan la confianza institucional, deterioran la economía y provocan el desplazamiento forzado de comunidades enteras.
Frente a este panorama, el Estado tiene la responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad, proteger a los ciudadanos y velar por el respeto de los derechos humanos. Su acción debe orientarse a salvaguardar la vida, evitando la escalada de violencia y promoviendo soluciones integrales que prioricen el bienestar de la población.
En medio de esta crisis humanitaria, la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) ha expresado su profundo dolor, consternación y preocupación ante el recrudecimiento de la violencia en estas regiones. La Iglesia denuncia que estos hechos vulneran la dignidad humana y atentan contra el derecho fundamental a la vida, generando una grave ruptura del orden moral y social. Con claridad, recuerda que “nada justifica la violencia” y reafirma que “la vida humana es sagrada y debe ser protegida en toda circunstancia”.
Asimismo, la CEC hace un llamado urgente a los actores armados a cesar inmediatamente toda acción que atente contra la vida; exhorta al Estado a redoblar sus esfuerzos para garantizar la protección de la población, el acceso a bienes esenciales y una presencia integral en los territorios; y convoca a la sociedad a no caer en la indiferencia, sino a organizar la solidaridad y construir caminos de reconciliación.
Desde la Emisora Minuto de Dios nos unimos a esta voz profética que clama por la defensa de la vida. Invitamos a intensificar la oración por la paz en Colombia y a promover acciones concretas de ayuda humanitaria en favor de las comunidades afectadas. Hoy más que nunca, la paz no puede ser solo un ideal: debe traducirse en compromiso, responsabilidad y acción.
Porque ante el dolor de un país herido, la pregunta sigue siendo urgente:
¿seremos capaces de responder con indiferencia o con una verdadera construcción de paz?
